Debate en el Congreso sobre reforma al Art. 19 Constitucional

Se busca ampliar el catálogo de delitos graves

En 2008 se logró la reforma Constitucional al Sistema Penal Acusatorio, misma que se concretó a nivel nacional en el 2016. Esta reforma consiste en pasar de una metodología de expedientes a una metodología de audiencias, es decir, en el sistema anterior se iba armando el expediente en donde se recopilaban pruebas, se le hacia al juez un proyecto de sentencia y con base en eso se tomaba una decisión. En cambio, en el nuevo sistema, el juez decide sobre lo que le exponen las partes durante la audiencia que se lleva a cabo de manera pública, en presencia del juez y de forma continua.

Dentro del nuevo sistema existen mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual significa que se ofrece una solución distinta a la cárcel. De igual manera se caracteriza por el principio de presunción de inocencia, es decir, el imputado siempre será inocente hasta que el Ministerio Público demuestre lo contrario y el juez dicte sentencia.

En el Sistema Acusatorio la prisión preventiva es la excepción. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: “El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

Actualmente, existe la discusión en el Congreso de la Unión sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.

La Cámara de Senadores aprobó en lo general modificar el artículo 19 Constitucional donde se incluyó abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y a Fuerza Aérea.

De igual manera se aprobó incorporar la corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la Seguridad Nacional, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.

El gobierno mexicano estima que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a una mayoritaria demanda social respecto de la sensación generalizada de injusticia e impunidad, que han generado un perjuicio al tejido social y creando una crisis de seguridad pública.

En la Cámara de Diputados la discusión sobre dicha reforma será en febrero pero el dictamen excluyó delitos que ya habían sido agregados en el Senado tales como el feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, robo a auto transporte de carga, desaparición forzada de personas, delitos en materia de uso de armas exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El argumento para excluir varios delitos en el catálogo es que incluirlos sería violatorio de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos.

Existe gran presión de organizaciones de derechos humanos para que no sea reformado el artículo 19 Constitucional.

En Tecnotrust consideramos que es necesaria y urgente la reforma Constitucional al artículo 19 debido a que el estado mexicano es el responsable, en sus tres órdenes de gobierno, de garantizar la seguridad de todas y todos los mexicanos, función que hasta ahora no se ha llevado a cabo satisfactoriamente.

Es claro que los gobiernos, tanto federal como los estatales, no cuentan con los requerimientos mínimos indispensables en recursos humanos, materiales y financieros, para operar en óptimas condiciones las Unidades de Medidas Cautelares responsables de dar supervisión a las medidas impuestas al imputado por el juez.

Dichas Unidades deben avalar el cumplimiento por parte de los imputados de las medidas cautelares impuestas por el juez. Estas medidas deben de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Es claro que éstas se encuentran rebasadas y no está funcionando el sistema de justicia penal en la práctica.

Consideramos que primero se deberán de fortalecer las Unidades y posteriormente reducir el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. De esta manera, el gobierno garantizará el estado de derecho y mejorará la seguridad de todos los mexicanos.

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